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España gasta en pensiones unos 218.000 millones de euros al año. Es una cifra tan grande que probablemente no te hayas imaginado cuando la he dicho: Son unos 600 millones de euros cada día, unos 25 millones cada hora.
Es la mayor partida del gasto público,va a seguir creciendo durante las próximas dos décadas y se planetea como uno de los mayores desafios para el futuro de España.
La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios, sino qué cambios, quién los paga y a qué ritmo.
Vamos a analizarlo todo al detalle.
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Qué está pasando
Fíjense en el tamaño del sistema. España paga más de 11,5 millones de pensiones, incluyendo las de la Seguridad Social, las de antiguos funcionarios y las ayudas a quienes no han cotizado lo suficiente.
El gasto ronda el 13% del producto interior bruto (PIB), es decir, de todo lo que produce España en un año. Equivale aproximadamente a tres de cada diez euros que gastan las administraciones públicas.
Es cierto que ese gráfico es de 2024 y que las cuentas, sobre el papel, han mejorado un poco:
La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, frente a los 9.834 millones de 2024, el más bajo desde 2011. Pero hay un matiz importante: el Estado le transfirió 52.990 millones, un 10,1% más que el año anterior. Es decir, las pensiones dependen cada vez más de los impuestos generales, no solo de las aportaciones de trabajadores y empresas.
La llamada «hucha de las pensiones» se vació durante la década pasada. Este fondo llegó a acumular casi 67.000 millones en 2011, pero buena parte se utilizó para pagar pensiones durante los años de crisis.
Como vemos en el gráfico, su escalón más bajo llegó diez años después, en 2020 y 2021, con 2.138 millones. Desde el pico máximo hasta esos años se “evaporaron” 64.677 millones de euros.
Desde 2023, la hucha se está rellenando gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización extra que pagan empresas y trabajadores. En 2025 cerró por encima de los 14.000 millones, y a finales de marzo de 2026 alcanzó los 15.267 millones, su nivel más alto en diez años.
Como se puede ver, por ahora la “hucha de las pensiones” daría para pagar la nómina de pensiones de un mes.
La nómina ordinaria de pensiones de junio de 2026 fue de 14.397 millones. Y con la paga extra, el pago total fue de 28.432 millones: la hucha no llegaría ni a medio mes.
El fondo está invertido al 100% en deuda pública española.
Desde su creación ha rendido de media un 2,89% nominal anual, lo que ha generado unos 29.000 millones de euros en intereses.
¡Es una ruina! Muy poco comparado con los fondos de pensiones públicos de Noruega, Canadá o Suecia, que invierten de forma diversificada en todo el mundo.
El Fondo de Reserva sirve para cubrir baches puntuales entre ingresos y gastos, pero no es la herramienta para resolver un desequilibrio estructural.
Además, el Gobierno creó una especie de límite de seguridad, conocido como «cláusula de cierre»:
Si el gasto en pensiones, descontando determinadas medidas de ingresos, supera el 13,3% del PIB, hay que adoptar medidas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que vigila las cuentas públicas, publicó su última evaluación a finales de mayo de 2026. Su estimación: un 13,0%, dos décimas mejor que el año anterior. Por tanto, la cláusula no se activa.
Ahora bien, ojito con la letra pequeña. El gasto bruto medio se mantiene en el 14,6% del PIB. La diferencia la cubren las nuevas cotizaciones, que aportan un 1,6%. Y para financiar todo ese gasto, las transferencias del Estado a la Seguridad Social tendrían que subir 2,3 puntos, hasta el 3% del PIB.
Por eso la propia AIReF dice que la regla se cumple, pero que no es un buen termómetro de la sostenibilidad.
Cuál es el problema
El problema no es uno. Son cuatro que se refuerzan entre sí.
La demografía. La generación del baby boom, que representa alrededor del 31% de la población, está llegando a la jubilación. Cada año hay más pensionistas, viven durante más tiempo y tenemos menos trabajadores cotizando por cada jubilado. No es una cuestión ideológica: son matemáticas.
Un sistema que paga pensiones muy altas en relación con los salarios. España tiene la tasa de sustitución más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un 80,4%.
Esto significa que la pensión reemplaza una parte muy alta del salario previo, casi el doble que en Estados Unidos y bastante más que en Alemania, Francia o Reino Unido.
Además, para calcularla se consideran relativamente pocos años trabajados: España utiliza 25 años o menos, como Francia y Eslovenia, mientras muchos países tienen en cuenta toda la vida laboral.
Pensiones que crecen mucho más que los salarios. Desde 1995, la pensión media de jubilación ha aumentado alrededor de un 72% descontando la inflación, mientras que el salario medio apenas ha crecido un 4%.
Y no se debe principalmente a que las pensiones suban con el índice de precios al consumo (IPC), que mide la inflación, sino a que los nuevos jubilados han cotizado más años y con salarios superiores a los de quienes abandonan el sistema.
Falta de ahorro acumulado para la jubilación. España depende casi por completo de un sistema de reparto: los trabajadores actuales pagan las pensiones actuales. Los fondos privados de pensiones apenas equivalen al 10% del PIB, frente a más del 150% en Australia o del 200% en Dinamarca. Si cada vez hay menos trabajadores por jubilado, apenas tenemos ahorros invertidos que sirvan de apoyo.
Pero no nos engañemos… El problema es mucho más que esto:
Baja productividad → salarios bajos → dificultad para ahorrar y comprar vivienda → emancipación tardía → menos nacimientos → más envejecimiento → mayor gasto en pensiones → más impuestos → menos inversión.
Por eso ninguna reforma de pensiones funcionará sola.
Hacia dónde vamos
El Ministerio de Seguridad Social calcula que el gasto en pensiones pasará del 12,7% del PIB en 2024 al 15,3% en 2050. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé un aumento aún mayor, hasta el 16,4%.
En otras palabras, dentro de unos 25 años España tendrá que dedicar entre 2,5 y 3,5 puntos adicionales de su economía a pagar pensiones. Con el tamaño actual de nuestra economía, serían entre 40.000 y 55.000 millones de euros más al año.
Evidentemente, hay incertidumbre. La inmigración, la evolución de los salarios o una crisis económica pueden cambiar las previsiones. Pero la tendencia es clara.
Cómo se puede solucionar
Para entender las soluciones, primero hay que saber cómo funciona actualmente el sistema de pensiones español. Se basa en cinco puntos:
Es un sistema de reparto. Las aportaciones de los trabajadores y las empresas se utilizan para pagar las pensiones actuales. El dinero no se guarda en una cuenta individual para tu jubilación: lo que cotizas hoy sirve para pagar a los jubilados de hoy. A cambio, cuando tú te jubiles, serán los trabajadores de ese momento quienes financien tu pensión.
Se financia con cotizaciones sociales. Por cada nómina se cotiza un 28,3% del salario para pensiones y otras prestaciones comunes. La mayor parte la paga la empresa (23,6%) y el resto el trabajador (4,7%). Desde 2023 se suma un pequeño recargo, que va al Fondo de Reserva. Cuando las cotizaciones no llegan, el Estado pone la diferencia con impuestos.
La pensión se calcula con los últimos años de tu carrera. El importe depende de dos cosas:
La base reguladora: la media de lo que has cotizado en los últimos 25 años. La reforma de 2023 está introduciendo poco a poco una alternativa: elegir los últimos 29 años descartando los 2 peores.
Los años cotizados: con 15 años tienes derecho al 50% de esa base. Para cobrar el 100% necesitas unos 37 años cotizados.
Ojo con lo que esto implica. Lo que cotizaste antes de esos últimos 25 años no cambia el importe de tu pensión. Dos personas que aportan lo mismo en total pueden cobrar pensiones muy distintas solo por cuándo cotizaron más.
La edad de jubilación es fija, con excepciones. En 2027 será de 67 años, o 65 si has cotizado al menos 38 años y medio. Puedes jubilarte antes con una penalización o retrasarlo a cambio de un incentivo. Pero el punto de referencia lo decide la ley, y cambiarlo requiere una reforma política.
Una vez jubilado, la pensión sube cada año con el IPC. Así se mantiene el poder adquisitivo de cada pensionista, pase lo que pase con la economía o con el número de cotizantes. Para quien no ha cotizado lo suficiente existen las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, que se pagan con impuestos.
Soluciones
No existe una solución sin costes. Cualquier reforma importante afecta a jubilados, trabajadores y contribuyentes. Lo positivo es que podemos aprender de países que ya han afrontado este problema.
Una de las propuestas con mayor respaldo técnico consiste en combinar tres partes.
Parte 1: Mantener las pensiones públicas, pero cambiar cómo se calculan
Se trata del sistema de «cuentas nocionales», implantado en Suecia en 1998. Cada trabajador tiene una cuenta virtual donde se registran todas sus cotizaciones durante su vida laboral. Su valor aumenta con los salarios y, al jubilarse, la pensión se calcula repartiendo lo acumulado entre los años que se espera que viva.
¿Qué se gana con esto?
Cada año trabajado cuenta. Ya no resulta tan ventajoso cotizar poco durante los primeros años y mucho al final de la carrera.
Más libertad para elegir cuándo jubilarse. Si te jubilas antes, cobras menos cada mes; si retrasas la jubilación, cobras más. La decisión tiene consecuencias económicas claras.
Ajustes automáticos. Si hay menos trabajadores o aumenta la esperanza de vida, el sistema puede moderar las subidas de las pensiones sin tener que aprobar una nueva reforma cada pocos años.
Más transparencia. Cada trabajador puede consultar cuánto lleva acumulado y qué pensión podría recibir.
¿Dónde está el inconveniente? Estos ajustes pueden ser impopulares. Tras la crisis de 2008, Suecia tuvo que suavizar las reducciones de las pensiones. Además, el dinero de estas cuentas es virtual: los trabajadores actuales siguen pagando las pensiones actuales y, si los salarios no crecen, las cuentas tampoco.
La transición sería gradual: los jóvenes entrarían en el nuevo modelo y los mayores conservarían sus derechos. Suecia tardó unos 15 años y para España se plantea un proceso de entre 20 y 30.
Parte 2: Crear un ahorro obligatorio o casi obligatorio para la jubilación
Es una de las grandes carencias de España. La idea consiste en destinar entre el 3% y el 6% del salario a fondos de inversión diversificados por todo el mundo, gestionados profesionalmente y con comisiones bajas.
A diferencia de las pensiones de reparto, aquí el dinero se ahorra y se invierte realmente. Por tanto, no depende directamente del número de trabajadores que haya cuando nos jubilemos.
Los referentes son:
Australia: desde julio de 2025, las empresas deben aportar el 12% del salario al ahorro para la jubilación. Sus fondos acumulan alrededor del 150% del PIB y el sistema público de pensión básica cuesta poco más del 2% del PIB.
Países Bajos y Suecia: cuentan con planes de ahorro para la jubilación vinculados a las empresas y acordados entre trabajadores y empleadores, que cubren a más del 90% de los empleados.
Reino Unido y Nueva Zelanda: los trabajadores entran automáticamente en planes de ahorro de empresa, aunque pueden abandonarlos. Funciona porque la mayoría decide quedarse.
¿El gran obstáculo? Durante la transición habría que financiar dos sistemas. Si destinamos parte de las cotizaciones al ahorro personal, tendremos menos dinero para pagar las pensiones actuales. Por eso es fundamental decidir cómo se financia el cambio.
Una propuesta de Jon González consiste en destinar progresivamente a ese ahorro el dinero que hoy se recauda mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad, sin aumentar todavía más las cotizaciones.
Parte 3: Garantizar una pensión mínima pagada con impuestos
Esta ayuda estaría separada de las pensiones que dependen de lo cotizado. Su objetivo sería evitar que las personas con pocos años trabajados, empleos irregulares o trabajos no declarados terminen en la pobreza.
Actualmente existen pensiones no contributivas y complementos para quienes cobran pensiones muy bajas, pero con diferentes requisitos y límites.
La propuesta es reunir estas ayudas en un único complemento, financiado con impuestos, que disminuya progresivamente cuanto mayor sea la pensión propia. Sería un sistema más sencillo, justo y transparente.
Medidas que se pueden aplicar ya, mientras llega el cambio de modelo
Ampliar progresivamente los años utilizados para calcular la pensión, hasta tener en cuenta toda la vida laboral, como ocurre en muchos países europeos.
Acercar la edad real de jubilación a la edad legal y adaptarla a la esperanza de vida, ofreciendo incentivos económicos a quienes decidan trabajar más años.
Separar claramente los ingresos y gastos: que las cotizaciones de trabajadores y empresas financien las pensiones ligadas a lo cotizado, y que los impuestos cubran el resto. Así conoceríamos mejor el verdadero desequilibrio del sistema.
Invertir la hucha de las pensiones de forma más diversificada, con profesionales y activos de diferentes países, siguiendo modelos como los de Noruega, Canadá o Suecia, en lugar de concentrarla casi exclusivamente en deuda pública española.
Cambiar la fórmula de subida anual de las pensiones, combinando la inflación con la capacidad económica del sistema para financiarlas y protegiendo siempre las pensiones más bajas.
Y las reformas que atacan la raíz
Productividad y salarios: necesitamos trabajadores y empresas capaces de producir más valor para generar mejores sueldos y aumentar las cotizaciones. Eso exige formación, investigación y desarrollo (I+D) y empresas más competitivas.
Vivienda: si los jóvenes no pueden independizarse, es más difícil formar familias y tener hijos, lo que perjudica al futuro relevo generacional.
Natalidad: no basta con dar ayudas puntuales por tener hijos. También hacen falta medidas que permitan compatibilizar el trabajo con la vida familiar.
Inmigración ordenada: incorporar trabajadores extranjeros aumenta las cotizaciones a corto plazo, aunque por sí solo no resuelve el envejecimiento de la población.
Si soy sincero, creo que lo importante no es elegir entre pensiones públicas o ahorro privado. Es entender que los países que mejor han preparado sus sistemas combinan ambas opciones y han hecho los cambios de forma gradual, durante periodos de entre 15 y 30 años.
España no parte de cero. La reforma de 2023 introdujo controles sobre el gasto y comenzó a recuperar la hucha de las pensiones. Además, tenemos cifras récord de trabajadores ocupados y el paro ha bajado del 10% por primera vez en mucho tiempo. Podemos actuar sin precipitarnos, pero no esperar indefinidamente: el mayor gasto llegará hacia 2050 y las reformas tardan décadas en dar resultados.
Gracias por leer
Diego
